Es curioso que muchas de las mismas voces que exigían a gritos la captura de exgobernadores prófugos de la justicia, ahora minimicen la aprehensión de Tomás Yarrington y Javier Duarte, y sugieran que éstos son una suerte de chivos expiatorios para “simular” la aplicación de la ley en tiempos electorales.
Ciertamente en política no hay casualidades, y sin duda que la consignación de quienes fueron mandatarios en Tamaulipas y Veracruz tendrá efectos –cualesquiera que sean- en el proceso político electoral en marcha.
Pero no dar el valor real que tienen las sucesivas capturas me parece un despropósito, por no decir una mezquina falta a la objetividad. Porque independientemente de las escandalosas corruptelas de dichos personajes y la complicidad de muchos otros para que se dieran los desfalcos, el procesamiento judicial a gobernantes mexicanos es algo que hace no mucho tiempo simplemente no sucedía.
Y eso ya es ganancia en un país agobiado por la corrupción, pero sobre todo por la impunidad que la ha hecho florecer y recrearse.
Porque la proliferación de conductas inapropiadas en el ejercicio de la función pública se dio sin control durante décadas por la casi absoluta seguridad de que no habría consecuencias, por lo menos en los más altos niveles (gobernadores hechos “virreyes”)
Por supuesto que nadie tiene todos los derechos de exclusividad y que mandatarios de todos los colores partidistas ahora tienen sobre sus espaldas el escrutinio y los implacables señalamientos, lo que para mí supone un gran avance, máxime cuando el regreso tricolor al poder con Enrique Peña Nieto potenció los escándalos de abusos por doquier.
Y todo ello es y será usado con fines electorales de cualquiera de quienes participan en la política mexicana. No hay de otra.
Porque recuerden que partir de haberse dado a conocer públicamente el entramado de pillerías de Javier Duarte, los adversarios políticos del PRI utilizaron su persecución –con razón y gran eficacia- con fines de propaganda comicial, como lo vimos en el propio proceso veracruzano que llevó al poder a Miguel Angel Yunes, ante el silencio de Morena y su líder Andrés Manuel López Obrador, más ocupado en continuar su campaña y ampliar sus niveles de aceptación en Veracruz de cara al próximo proceso de renovación de ayuntamientos pero, sobre todo, ante la elección presidencial del 2018.
Ahora, los priístas harán lo propio porque es la autoridad federal del actual gobierno (priísta también) quien logró sucesivamente la localización y captura de Yarrington y el primero de los Duarte, mientras que la oposición alegará –lo hace ya- simulación y chivos expiatorios para que el odiado rival tricolor busque recuperar voluntades perdidas de los electores.
Eso será inevitable, pero no nos puede hacer olvidar la importancia de que estos hechos se den, y que los procesados sean llevados a la justicia mexicana por los delitos que hayan cometido.
Permítanme recordarles lo que ya he comentado en este espacio de reflexión: durante décadas y hasta hace no mucho tiempo era verdaderamente impensable ver a un miembro de la élite política en el banquillo de los acusados.
No impulsemos una especie de autoboicot en cuanto al clamor popular por justicia, que no por revancha, como parece ser el sentido de estruendosas voces antisistémicas.
Que los partidos políticos sigan en su cochinero de acarrear adeptos y comprar votos. Que tergiversen la información como mejor les convenga.
Pero no perdamos el terreno ganado con el rigor con el que los medios digitales y tradicionales documentaron el caso Javier Duarte o con los mismos usuarios de redes sociales que buscamos en ellas un canal abierto de comunicación y no un patíbulo de revanchismos. Sigamos, pues atentos y pendientes de que Mario Villanueva, Andrés Granier, Jesús Reyna, Flavino Ríos, Guillermo Padrés y –ahora- Tomás Yarrington y el nuevo villano favorito Duarte de Ochoa, sean procesados justa y correctamente.
Y que así sea con los que faltan y los que, aún con estos precedentes antes impensables, todavía se atrevan y arriesguen a cometer desfalcos contra el patrimonio público de todos los mexicanos.
Con ello podremos iniciar el rescate de la cosa pública, hoy completamente desprestigiada pero necesaria –en su justo ejercicio- para la convivencia y el desarrollo nacionales.
