Ahora sí, las promesas de campaña de Donald Trump se están haciendo realidad.
Desde que firmó la orden ejecutiva el 25 de enero de este año, las reglas estaban muy claras: las deportaciones se generalizarían a todos aquellos inmigrantes sin documentos.
Para Emilio Amaya, director ejecutivo de servicios legales del Centro Comunitario de San Bernardino, California, no ha habido cambios dramáticos.
“Simple y sencillamente estamos mirando la implementación de las políticas de Inmigración de esta administración”.
Lo que está sucediendo, al menos en la zona donde vive y trabaja Amaya, es que los operativos se han generalizado. “Ya no existen prioridades.. a estas alturas detienen a quien se encuentren”.
De acuerdo con estadísticas públicas, de cada cuatro personas deportadas, explica Amaya, tres no tienen antecedentes criminales.
“No ha habido un incremento masivo en los operativos migratorios. Sigue habiendo la limitante de que no se cuenta con suficientes personas ni con suficientes centros de detención”.
Sin embargo, Emilio prevé que a partir de enero, ya con recursos, entonces sí las cosas se compliquen aún más.
Muchas organizaciones se están enfocando en que los migrantes conozcan sus derechos, en educar a nuestra gente, pero el problema es que la gente no tiene los recursos disponibles para defenderse.
El gobierno mexicano prometió 50 millones de dólares para los consulados, pero esos recursos no se ven.
“Hay reuniones, propuestas, pero mientras a la gente la siguen deportando”, dice el abogado que defiende inmigrantes en el centro comunitario de San Bernardino.
QUÉ HACER
Emilio Amaya considera que hoy más que nunca hay la necesidad de “prepararnos para lo que viene”.
Las medidas y los operativos se van a dar eventualmente, en la medida en que el gobierno tenga los recursos para ampliar el número de agentes y de centros de detención.
A pesar de que California ha tomado medidas para proteger a los inmigrantes, los operativos se van a dar, y hay otra preocupación pues California está limitando el uso de centros de detención privados para usos migratorios.
Esto significa que mucha de la gente que sea detenida va a terminar en otros estados.
Por eso los paisanos deben estar preparados.
“Es necesario que se tenga un plan B, que se empiecen a ahorrar dinero que permita a la familia solventar gastos, pagar una fianza o un abogado.
Al margen de lo que pudieran decir las organizaciones y los gobiernos, en la práctica cuando se den los operativos mucha de nuestra gente estará sola”.
DACA SÍ ESTÁ EN PELIGRO
Luego de la reunión de John Kelly con legisladores hispanos, donde comentó que DACA no sobreviviría una demanda legal, el futuro del programa de Acción Diferida es realmente incierto.
Hace algunas semanas 12 estados conservadores pidieron a la administración de Trump derogar DACA en septiembre, si no, demandarán ante las cortes para cuestionar su validez.
El problema, explica Amaya, es que la administración de Donald Trump se enfrenta a un dilema, pues aunque hay un grupo que apoya parcialmente la iniciativa (como el mismo presidente y Kelly), también está otro grupo encabezado por el procurador, Jeff Sessions, que se opone.
“Podríamos hablar que los días de Acción Diferida están contados, aunque también es una especulación”, dice Emilio Amaya.
Defenderían DACA, agrega, pero no con el vigor ni con los recursos para mantenerla.
Dentro de todas las especulaciones, hay voces que prevén que en septiembre DACA sea derogado, bajo el razonamiento de “no vamos a defender algo que mucha gente que nos eligió y muchos funcionarios rechazan”.
Sobre DAPA, con la derogación de la acción ejecutiva, lo que pasó es que dejó de ser una herramienta para detener una deportación.
Se podía usar como una medida de protección o de defensa en el contexto de una detención, pues existía como orden ejecutiva, pero ya no, comenta Amaya, quien insiste en que hay que estar preparados para lo que viene.
