El sábado en la madrugada y con el voto sólo de los demócratas, el Congreso de California aprobó la iniciativa SB54, de Estado Santuario, y sólo falta la firma del gobernador Jerry Brown para su aplicación.
La iniciativa restringe la cooperación de las fuerzas policiales locales con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), al punto de prohibir a los oficiales preguntar o informar sobre el estatus migratorio de una persona, siempre y cuando no haya cometido un delito grave.
La policía podrá cooperar con ICE, si una persona es declarada culpable de uno de los 800 delitos que vienen tipificados en una lista de la iniciativa.
Ahora la ley está en manos del gobernador Brown, quien apenas a inicios de la semana pasada acordó con el líder del Senado en California, Kevin de León, que la iniciativa se suavizaría en el tema de los encargados de las prisiones, que muchas veces deben cooperar con ICE.
Con ese acuerdo, el gobernador de California dio su respaldo a la iniciativa que De León ingresó a inicios de 2017 en el Congreso local, como preparación a la política antinmigrante del presidente Trump.
Republicanos dijeron ¡no!
Los legisladores republicanos rechazaron la iniciativa por considerar que protege a criminales, y que hará más difícil el trabajo de la policía local para proteger a los ciudadanos.
Thomas Homan, director interino de ICE, consideró que el proyecto de ley “hará menos seguras las comunidades en California” y afectará gravemente las leyes de inmigración.
“Con la aprobación en California se optó por anteponer la política a la seguridad pública, opinó Homan a través de un comunicado.
“De manera preocupante, la propuesta sirve para sistematizar una política peligros que obstruye la aplicación de las leyes de Inmigración y protege a infractores extranjeros, implicados en delitos graves”.
