El Consejo Municipal de la ciudad de Denver, capital de Colorado, aprobó una ordena para proteger a inmigrantes, mientras la Casa Blanca amenaza con retirar los fondos federales a las llamadas ciudades santuario.
La norma aprobada por unanimidad el lunes por la noche prácticamente convierte en ley una práctica que ya estaba vigente. Está diseñada para tranquilizar a los inmigrantes de la ciudad, aunque no declara formalmente a la capital de Colorado como una “ciudad santuario”, informó la agencia The Associated Press (AP).
El Alcalde Michael Hancock y los concejales de Denver expusieron que la ordenanza formaliza la práctica ya vigente de prohibir que los empleados municipales recopilen información sobre el estatus migratorio de una persona y lo den a conocer al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
También prohíbe que los agentes locales del ICE y entidades migratorias tengan acceso a los reos sin una orden judicial. Actualmente, Denver permite que agentes del ICE entrevisten a prisioneros en la Cárcel del Condado de Denver.
“Esta noche [la del lunes pasado], con la votación unánime del concejo municipal, Denver está enviando un mensaje claro y firme a nuestra comunidad, de que estamos con las comunidades de inmigrantes y refugiados y que estamos comprometidos a seguir siendo una ciudad que es segura y da la bienvenida a todos”, planteó Hancock en un comunicado oficial.
“… La disponibilidad del gobierno local para proteger y servir a toda nuestra gente aumenta cuando los integrantes de la comunidad se sienten con la seguridad de acercarse a las autoridades como testigos o víctimas de delitos, independientemente de su estatus legal”, añadió en el documento.
Una de las principales prioridades del Presidente Donald Trump es revocar los fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, definidas como lugares que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración. El Presidente de Estados Unidos sostiene que estas ciudades y condados son un refugio para actividades delictivas.
Chicago ha presentado una demanda federal contra las nuevas condiciones para recibir la ayuda de Washington. En San Francisco, Seattle y otras ciudades también se han presentado pleitos por cuestiones constitucionales.
