La ICE está presionando al Congreso para que le otorgue mil millones de dólares para lograr niveles de deportaciones más altos
La migra tiene una estrategia para cumplir el programa del presidente Donald Trump

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está presionando al Congreso para que le otorgue mil millones de dólares para lograr niveles de deportaciones más altos, así lo reportó The Washington Post.

La agencia instó al Congreso el mes pasado a incluir los fondos adicionales en una medida de gasto provisional que los legisladores deben aprobar para evitar el cierre del Gobierno, a partir del 1 de octubre, cuando comience el año fiscal 2019.

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Por ahora, los líderes del Congreso de ambos partidos políticos acordaron posponer una batalla por el plan del presidente Donald Trump para construir un muro fronterizo hasta después de las elecciones de noviembre, a pesar de las presiones del mandatario por los recursos.

El acuerdo mantendría a la administración abierta, utilizando una serie de gastos, incluida una “resolución continua” que financiaría a las agencias federales hasta el 7 de diciembre, al tiempo que ICE presiona por fondos.

De conseguir los recursos, “La Migra” proyectará la deportación de más de 253 mil migrantes durante el próximo año fiscal, que va del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, el cual sería el objetivo más alto del gobierno desde 2014, cuando en el mandato de Barack Obama expulsó a más de 300 mil.

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Las estadísticas recientes muestran que la administración está en camino este año para deportar sustancialmente a más de los 226 mil migrantes deportados en 2017, aunque los números finales no estarán disponibles, indicó el el periódico.

Las autoridades migratorias afirman que si no obtienen los recursos, los funcionarios advirtieron que pueden verse obligados a suspender arrestos y deportaciones de personas consideradas “amenazas a la seguridad pública” hasta que el Congreso apruebe una ley de gasto total.

Las autoridades también dijeron que miles de inmigrantes detenidos bajo custodia federal podrían sufrir “reducciones en los servicios”, si el Congreso niega el financiamiento.

Con información de agencias.

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