Un total de 90 alcaldes ubicados en 29 entidades de Estados Unidos, así como defensores de los derechos de los migrantes expresaron su rechazo y se comprometieron para luchar contra la propuesta de carga pública, impulsada por el presidente Donald Trump.
Los opositores a la medida criticaron que esta obliga a los migrantes a decidir entre recibir ayudas públicas, y cubrir sus gastos del día a día, o acceder a una green card.
Se entiende como carga pública, cuando un migrante supone un peso para el Estado y que puede derivar en que el Gobierno desestime una potencial petición para acceder a la residencia permanente o la ciudadanía.
“Las nuevas regulaciones llevan este principio al extremo y, de ser adoptada castigarían en última instancia a los inmigrantes por acceder a prestaciones que no son en efectivo y que están diseñadas para ayudar a las familias a tener éxito en EU”, explica la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional.
Según los alcaldes, “comprometerá la salud, la nutrición y el desarrollo de los niños; impactará en el acceso a la seguridad sanitaria; reducirá las opciones de alojamiento y afectará negativamente a las comunidades locales”.
“Forzará a las familias a elegir entre la ayuda que necesitan y la gente a la que ellos aman”, aseveran los alcaldes, en referencia a que en muchos casos estos inmigrantes recurren a solicitar la residencia permanente para garantizar que podrán seguir viviendo con sus seres queridos, en algunos casos hijos nacidos en EU.
Con información de agencias
