Ante la llegada de 4 mil migrantes a la frontera de México, las autoridades pidieron asistencia a la ONU; organizaciones civiles piden respetar sus derechos
Ante la llegada de 4 mil migrantes a la frontera de México, las autoridades pidieron asistencia a la ONU; organizaciones civiles piden respetar sus derechos

Ante la eventual llegada de cuatro mil hondureños a la frontera de México con Guatemala, el canciller Luis Videgaray solicitó este día ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para procesar las solicitudes de refugio que puedan gestionar los integrantes de la caravana de migrantes.

En específico, Videgaray se reunió con el secretario general de la ONU, António Guterres, quien expresó su “voluntad plena” de asistir con lo que sea necesario a México.

A través de un comunicado, las autoridades mexicanas  especificaron que el apoyo fue solicitado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que las autoridades competentes de Honduras, Guatemala y El Salvador trabajen junto al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

México anuncia medidas

Del mismo modo, a través de un comunicado conjunto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) adelantaron que respetarán el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 2018, por lo que anunciaron tres medidas:

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Primero. Toda persona que desee ingresar a territorio nacional y cuente con los documentos de viaje (entre los que se incluye una visa concedida por el Gobierno de México) podrá ingresar al país y moverse con plena libertad en el mismo por el tiempo de vigencia de la visa.

Segundo. Toda persona que ingrese a territorio nacional y desee solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o ser beneficiario de medidas de protección complementaria, deberá hacerlo individualmente, de conformidad con la legislación vigente.

Tercero. En cumplimiento de la legislación nacional vigente, toda persona que ingrese al país de manera irregular, será rescatada y sujeta a procedimiento administrativo y, en su caso, será retornada a su país de origen, de manera segura y ordenada. Esta medida responde no sólo al cumplimiento de la legislación nacional, sino particularmente al interés del Gobierno de México de evitar que tales personas sean víctimas de las redes de trata y tráfico de personas, mismas que ponen en grave riesgo su seguridad e integridad personal.

Organizaciones en Tapachula exigen respuestas

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil ubicados en Tapachula, Chiapas que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de los migrantes y refugiadas expresamos su solidaridad con la Caravana Migrante proveniente de honduras y exigimos a las autoridades mexicanas proteger y respetar sus derechos humanos.

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“Llamamos a reconocer que el origen de la Caravana responde a un contexto de violencia y pobreza generalizada en donde las condiciones mínimas de desarrollo y respeto a los derechos humanos no han sido garantizadas, lo que obliga a miles de personas a desplazamientos forzados, como el que estamos presenciando”, sentenciaron las organizaciones a través de un comunicado.

Adicionalmente, remarcaron que estas personas no representan riesgos para ninguna persona y que no puede ser admitido cualquier acto que criminalice a seres humanos que están intentando poner sus vidas a salvo.

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Las organizaciones, colectivos, y redes firmantes realizaron un llamado al Estado mexicano para:

  • Priorizar la atención humanitaria y el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en la Caravana, priorizando por la no separación de las familias, brindando apoyo especial a la niñez y adolescencia no acompañada, personas con discapacidad, embarazadas, mayores de la tercera edad, con enfermedades crónicas degenerativas y personas de la comunidad LGBTTI.
  • Que los distintos niveles de Gobierno Federal y Estatal, así como los distintos municipios fronterizos implicados, dispongan de las medidas necesarias para dar la respuesta humanitaria que requiere la situación respecto a garantizar el acceso a la atención en salud, protección civil, y seguridad pública.
  • Que los cuerpos de seguridad pública velen por el orden y buen funcionamiento de los servicios, pero que de ningún modo respondan con el uso de la fuerza a un grupo humano que está compuesto por personas en situación de extrema vulnerabilidad y necesitadas de medidas de protección.
  • Que las instituciones del Estado mantengan a las organizaciones civiles y a la ciudadanía puntualmente informada sobre la situación y las medidas que se estén tomando, en apego al principio de transparencia y en estricto respeto a los estándares internacionales de derechos humanos.
  • Que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados intervengan con estricto respeto a los derechos humanos, específicamente en lo que se refiere al acceso al procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, al principio de no devolución, y a eludir prácticas de detención migratoria y deportaciones masivas.

La petición fue firmada por las siguientes instituciones:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Iniciativas para el Desarrollo Humano IDH, Médicos del Mundo Francia y España, Save the Children, Servicio Jesuita a Refugiados y el Servicio Jesuita a Migrantes.

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