El martes 21 de febrero del 2016 entraron en vigor los nuevos lineamientos del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos en los que se amplían las posibilidades de deportación de cualquier inmigrante indocumentado.
Por esa razón, el abogado Emilio Amaya recomienda: “Infórmese, conozca y haga valer sus derechos y prepárese”.
Estos lineamientos son la parte operativa de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el pasado 25 de enero de 2017, titulada “Mejorando la seguridad pública al interior de Estados Unidos”.
“En la comunidad se siente una situación de pánico, a tal grado que en el área de la frontera como San Isidro y Calexico hay gente que ya no sale de su casa o sale sólo para lo necesario”, alerta Amaya.
Hay un miedo generalizado, incertidumbre y desesperanza, comenta el abogado desde San Bernardino, California.
Lo que hay que tener claro, dice Emilio Amaya, es que ninguna orden ejecutiva cambia la Ley de Inmigración, y por ello es muy importante que la gente se informe sobre cuáles son sus derechos y se prepare para defenderlos, en caso de que haya algún operativo en el que puedan ser detenidos.
“Los lineamientos van contra el debido proceso y son anticonstitucionales”, asegura Amaya.
Por esa razón, organizaciones de apoyo a inmigrantes, centros comunitarios y abogados están trabajando para establecer cómo captar testimonios donde exista violación a los derechos constitucionales y así tomar medidas judiciales contra esa orden ejecutiva.
“Se legaliza el uso del perfil racial y eso viola la constitución. Es una de las razones que eventualmente terminará siendo litigadas”, explica.
Aunque los operativos y redadas aún no son generalizadas y están focalizadas en personas con antecedentes criminales, el peligro es que se puede detener a cualquier persona por la simple presunción de que viola las leyes de Inmigración.
“Los operativos no son generalizados por falta de recursos. No tienen la capacidad en centros de detención y en número de agentes; además los tribunales están saturados”.
Por esa razón, se está solicitando aumentar la cantidad de oficiales de la Patrulla Fronteriza y de jueces de inmigración.
RECOMENDACIONES
Para Emilio Amaya, los inmigrantes indocumentados deben prepararse en lo económico y en lo legal.
- Hay que tener un plan de contingencia en el que se pueda establecer un fondo económico que pueda ayudar a solventar gastos legales y de sobreviviencia
- En el caso de personas que tienen niños, deben tener una carta poder mediante la cual se puede designar a alguien que se haga cargo de los niños en caso de ser detenidos.
- Tener un acuerdo previo con abogados u organizaciones comunitarias que los pudieran representar si son detenidos.
A pesar de que no se ha oficilaizado, pues se supone que están bajo revisión del área de asuntos legales de la Casa Blanca, los nuevos ordenamientos ya se enviaron a las diferentes agencias y burós que integran el Departamento de Seguridad Interna.
DACA Y DAPA, PROTEGIDOS
Los dreamers beneficiarios del programa de Acción Diferida están aún protegidos, pues aunque el memorando revoca cualquier lineamiento anterior en las leyes migratorias, existe la excepción a ese programa y establece no revoca la circular de noviembre del 2014 que dió lugar a que se promulgara la Acción Diferida de Responsabilidad Paterna (DAPA)
“Esto es positivo, pues tanto los jóvenes con DACA como las personas que vinieron al país antes del 1 de enero del 2010 no son prioridad para la deportación y tienen cierta protección”.
TEMAS QUE PREOCUPAN
Uno de los temas que más preocupan a los abogados que están ayudando a inmigrantes indocumentados es que uno de los grupos en los que se centrarán los operativos es en aquéllas personas que cometan fraude o mal representación en cualquier trámite oficial.
“Eso es altamente preocupante porque puede afectar a una gran cantidad de personas que por necesidad de trabajar usan documentos falsos”, agrega Amaya.
Otro de los focos rojos es que están sujetas a deportación personas encontradas culpables de cualquier delito y ofensa criminal, pero no especifica si es un delito mayor o menor, por lo que manejar sin licencia puede ser motivo de detención.
Y además, cualquier persona que “a juicio del oficial de Inmigración represente un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional de Estados Unidos.
“En este grupo cabría todo mundo”, agrega Amaya.
Hay un cambio radical que afecta particularmente a los mexicanos, pues se amplía el proceso de expulsión agilizada o expedita. Es una deportación sumaria sin que las personas puedan accesar a los tribunales de Inmigración.
Antes, esto sólo aplicaba a personas que eran detenidas en las primeras 100 millas de la frontera y que tenían menos de 14 días en el país.
Ahora, la circular establece que la aplicación de este proceso se pueda hacer a cualquier persona que tenga menos de dos años en Estados Unidos y que sea detenido en cualquier estado, no sólo en la frontera.
En los lineamientos se elimina la protección de privacidad de las personas que no son ciudadanos o residentes de Estados Unidos. Así que cualquier información de inmigrantes indocumentados que hayan dado en trámites oficiales puede ser utilizada para localizarlos e iniciar el trámite de deportación.
Hasta ahora, se tenía la protección de privacidad, a menos que hubiera una investigación criminal o la orden de un tribunal.
Emilio Amaya insiste en que la comunidad inmigrante debe estar preparada para cualquier eventualidad, por lo que es necesario informarse y asesorarse a tiempo.
