Yeni González y Lourdes de León tienen muchas cosas en común; las dos son guatemaltecas, salieron de su país, con sus hijos, buscando un futuro mejor y fueron separadas de ellos cuando intentaron cruzar la frontera con EE.UU. Ambas fueron detenidas por las autoridades de migración e incluso acabaron en el mismo centro de detención.
González está de nuevo con sus hijos. León, todavía no.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés), una persona puede solicitar asilo en el país si ha sido o teme ser perseguido por su raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo social particular o por su opinión política.
Existen dos maneras de obtener asilo en EE.UU., por medio de un proceso afirmativo o un proceso defensivo.
Para el primero, la persona tiene que estar presente físicamente en EE.UU., sin importar cómo llegó al país o cuál sea su estatus de inmigración actual. Se puede solicitar este asilo dentro del año siguiente a la fecha en la que se llegó a EE.UU., a menos que exista una situación excepcional. Este proceso se lleva a cabo con USCIS.
El proceso de asilo defensivo ocurre cuando una persona solicita asilo como una defensa para no ser deportado de EE.UU. Para ello, la persona tiene que estar ya en un proceso de traslado en una corte de inmigración.
Las personas llegan a este tipo de petición de asilo por varios caminos. El primero, es si son remitidos a USCIS por una corte de inmigración después de que su proceso de petición de asilo afirmativo fue rechazado.
El segundo, es si fueron detenidos por las autoridades migratorias dentro de EE.UU. o de un puerto de entrada sin los documentos legales necesarios o en violación de su estatus migratorio.
El último es si fueron detenidos por Protección de Frontera y Aduanas tratando de ingresar a Estados Unidos sin la documentación apropiada y fueron referidos a un proceso de deportación y en él, un oficial de asilo determinó que tenían un temor creíble de persecución o tortura en su lugar de origen.
El 3 de julio, después de un viaje de 3400 kilómetros en carro, desde Arizona a Nueva York, la guatemalteca llegó al Cayuga Center, el centro residencial en East Harlem donde el gobierno había trasladado a sus tres hijos. González los abrazó y les prometió que volvería por ellos.
Y lo hizo. Después de diez días de espera, mientras cumplía con los procedimientos legales, Yeni se reunió el 13 de julio con sus hijos Lester, Yamelin y David, obteniendo custodia temporal.
“Cuando me vieron me abrazaron, lloraron y dicen que quieren que me los lleve pronto”, dijo González, entre lágrimas, a los periodistas que la esperaban a la salida del centro, el día que pudo abrazarlos por primera vez desde su separación.
González estuvo bajo custodia en el centro de detención Eloy durante 43 días. Gracias a la ayuda de unos familiares que viven en Estados Unidos, González pudo conseguir un abogado, José Xavier Orochena.
Él consiguió que González fuera liberada después de pagar una fianza de $7 mil 500 dólares. El dinero provino de una donación de un grupo de madres en Nueva York, que se enteraron del caso a través de los medios. Julia Schwietert, una escritora que vive en Manhattan, abrió una plataforma con la que consiguió recaudar el dinero suficiente tanto para la fianza como para costear el viaje de González desde Arizona.
Ahora, junto con sus hijos, Yeni pedirá asilo.
Según su abogado, su caso está en proceso de traslado desde Arizona a Carolina del Norte, donde viven sus familiares. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que el jueves 5 de julio que el estado le pagaría un abogado a la guatemalteca, quien trabajará sobre su caso junto con Orochena.
Para los migrantes, tener un abogado o no tenerlo es una cuestión decisiva. Como explica Orochena, quien ha ayudado a otras seis madres que también fueron separadas de sus hijos. El caso de Yeni es excepcional.
“Es casi imposible pelear esto (el asilo, la reunificación o la custodia de los hijos) sin representación legal”, dijo Orochena. “No debería reducirse a que las familias adineradas tengan más oportunidades que las familias pobres”, añadió.
La historia de Lourdes de León
León no tuvo la misma suerte que Yeni. Después de ser separa de su hijo Leo, la guatemalteca fue llevada también a Eloy. Sin embargo, a principios de junio, los agentes de migración la llamaron para firmar una orden de auto-deportación.
“Pregunté tres veces si era [la deportación] con mi hijo y las tres veces me dijeron que sí”, dijo de León en entrevista con la Voz de América.
En un comunicado, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo a la Voz de América que a León se le ofreció la opción de permanecer en custodia mientras su transferían a su hijo para que fuesen deportados y ella la rechazó.
La guatemalteca, de 28 años, niega esta versión y agrega que no tenía representación legal en ese momento.
León está ahora en San Pablo, Guatemala y no sabe cuándo volverá a ver a su hijo. Las autoridades estadounidenses le han dicho que su hijo llegará al aeropuerto de la capital de Guatemala, pero, según ella, no le dicen en qué fecha. Ella hace parte de la gente que espera diariamente la aparición de sus familiares en el puerto de llegada de deportados en la capital guatemalteca.
Ahora el abogado de León es Michael Avenatti, el jurista que saltó a los medios por representar a Stormy Daniels, quien se ofreció voluntariamente a ayudar a las familias de migrantes.
“No me importa que me hayan deportado” dijo la guatemalteca en entrevista con la Voz de América, “solo pido que me devuelvan a mi hijo”.
El caso de León no es único.
Según datos obtenidos por investigadores de la Universidad de Siracusa, mil sesenta padres que fueron arrestados junto con sus hijos en abril del 2018 fueron deportados. En contraste, solo 851 de los niños que fueron detenidos como parte de una unidad familiar en abril han vuelto a su país origen.
Es decir, solo en el mes de abril, cientos de padres fueron deportados sin sus hijos. Al igual que León, ellos también están esperando, a miles de kilómetros de distancia, para volver a ver sus pequeños.
Tolerancia cero
El drama de la separación de familias comenzó en abril, cuando el secretario de justicia de EE.UU., Jeff Sessions, anunció que el gobierno implementaría una política de ‘tolerancia cero’ en la frontera con México.
Bajo esta medida, todo aquel que fuera detenido cruzando la frontera sur o intentando hacerlo es llevado ante la justicia, donde se enfrenta a una acusación criminal por entrada ilegal.
Como explica Ángela Fernández, abogada y directora ejecutiva de la Coalición del Norte de Manhattan por los Derechos de los Migrantes, lo que cambió con la política de cero tolerancia fue que “en una mayor escala, las personas eran acusadas con un cargo criminal de entrada ilegal en vez de con un cargo civil”.
Al tener pendiente una acusación criminal, los padres son llevados a una cárcel federal, donde esperan su juicio. Los menores, al no poder estar por ley en una prisión federal, quedan en manos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS por sus siglas en inglés).
La ORR transfiere al niño a un albergue temporal, mientras busca a un familiar en EE.UU. que pueda alojarlo. Si no lo encuentra, como sucedió con Leo Giancarlo, el hijo de León, el menor debe permanecer en el albergue a la espera de su juicio con una corte de inmigración, quien decidirá si será deportado.
La misma sucederá con su padre o su madre, quien después de cumplir su condena es transferido al Servicio de Inmigración y Aduanas.
El hecho de que el gobierno esté “acusando a una madre o un padre que entra a los EE.UU. pidiendo asilo con un cargo criminal” es para Fernández un caso desafortunado de “uso indebido de la discreción gubernamental”.
La medida generó una oleada de críticas para la administración Trump.
Tanto así que el 20 de junio, el presidente de EE.UU. firmó una orden ejecutivapara evitar que la separación de familias continuase en la frontera, sin eliminar la política de cero tolerancia.
No obstante, la directiva de presidencia no especificaba si se iban a reunificar las familias que ya habían sido separadas ni cómo sería el proceso.
Días después, el 27 de junio, el juez federal de San Diego, Sabraw, ordenó a las autoridades fronterizas reunir a las familias migrantes separadas dentro de 30 días, con un plazo especial de 10 días para los niños menores de cinco años.
En la fecha límite para los más pequeños, el 10 de julio, el gobierno solo reunió a poco más de la mitad de los niños con sus padres. No todos fueron devueltos a sus familias porque el gobierno consideró que había problemas de seguridad con quienes decían ser sus parientes, habían sido deportados, entre otros factores.
El plazo final para la reunificación total de las familias se cumple el 26 de julio. Según la corte del distrito de California que emitió el fallo, quedan 2551 niños por volver con sus familias. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos advirtió en un comunicado que este número representa solo la cantidad de niños que potencialmente podrían ser reunidos.
“No es, ni debería ser nuestro objetivo reunir a todos los 2.551 menores con el adulto con el que llegaron aquí, porque algunos de esos adultos no son sus padres o suponen un clara peligro para los niños”, dijo el departamento en un comunicado.
